El Tribunal Superior de Bogotá, representado por dos jueces y un magistrado, le ha negado a la Fiscalía General el acceso a evidencia sobre posibles irregularidades en la adjudicación del tercer carril de la autopista Bogotá-Girardot, retrasando la investigación penal que la Fiscalía busca presentar contra los implicados.
Los fiscales del caso han pedido en tres ocasiones que se les permita legalizar las pruebas que obtuvo durante su investigación sobre el tema la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en las que se incluyen correos electrónicos, llamadas de celular y evidencia económica que comprometería a tres empresas, incluidas dos foráneas.
La SIC anunció en febrero que abriría un proceso por posibles prácticas restrictivas a la libre competencia en la licitación de la obra, adjudicada en agosto de 2016. “Esas sospechas llevaron a la SIC a recaudar evidencia 20 días después de la adjudicación. Halló información intacta y con autorización de las personas involucradas”, dice la Fiscalía.
Sin embargo, en la opinión de los jueces, se trata de datos confidenciales y personales de ejecutivos de las empresas involucradas. Además, dicen, la Fiscalía cuenta con otros medios “menos invasivos” para obtener las pruebas. entre el material recaudado por la SIC hay información del Consorcio Estructura Plural Vías a Girardot, integrado por Industrial Concreto S. A. S. y Constructora Conconcreto S. A., que se quedó con la obra.
Fuente: El Tiempo
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