La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por nueve diputados del Congreso de Yucatán, para impugnar un decreto del pasado 22 de junio que reformó la Ley de Transporte estatal, revisando la legalidad de la regulación a los servicios de transporte contratados por medio de apps, como Uber y Cabify.
Será la primera vez que el máximo tribunal estudie la regulación de este tipo, que en el caso de Yucatán, incluye la obligación de que el vehículo sea de valor superior a 200 mil pesos, máximo siete años de antigüedad, máximo siete pasajeros, mínimo cuatro puertas y aire acondicionado, además que sólo puede ser operado por su dueño y sólo se pueden aceptar pagos con tarjeta.
También se indica que la empresa proveedora de la tecnología será obligada solidaria de los operadores si el seguro de éstos no está vigente, entre muchos otros requisitos, similares a los que ya existen para otro tipo de proveedores de transporte público. Poco antes de la aprobación del decreto, el director general de Uber en México, Francisco Sordo Mogollón, advirtió que la reforma podría llevar al retiro de la empresa de Yucatán.
Fuente: Reporte Nivel Uno
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